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Esta semana supimos de un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo que merece reflexión: en Bocas del Toro, 186 personas fueron entrevistadas por un equipo de derechos humanos durante el estado de urgencia. Casi 9 de cada 10 dicen haber sido detenidas sin razón; casi todas relataron golpes, gases y humillaciones.
Entre ellas hay 14 mujeres. Mujeres que, cuando la violencia entra, la sufren doble: como ciudadanas y como cuidadoras de familias y comunidades.
La denuncia de la Defensoría, sumada al llamado de más de una docena de organizaciones para crear una Comisión Independiente de Derechos Humanos, deja algo claro: cuando no hay contrapesos, cuando no hay instituciones fuertes y autónomas que defiendan a las personas, los abusos encuentran terreno fértil.
Mientras esto pasa, en el país se habla de cerrar el Ministerio de la Mujer. Hay quienes creen que sería un ahorro. Que no hace falta. Y claro: todas queremos instituciones que funcionen, sin excesos ni botellas. Pero, ¿cerrarlas?
¿Se resolverá la violencia quitando las únicas puertas a donde muchas mujeres —sobre todo las que viven lejos de la capital— pueden tocar?
Panamá todavía tiene muchas tareas pendientes: muchas denuncias por delitos sexuales, embarazo adolescente, pocas mujeres en puestos de liderazgo. Y sí, la corrupción nos asfixia, pero no se combate ahorrando en aquello que permite proteger derechos.
Los derechos humanos —de mujeres, de pueblos indígenas o de cualquier grupo— no deberían dividirnos. Quizá, en lugar de cerrar puertas, la respuesta sea abrirlas bien y vigilarlas mejor.
Roxana Muñoz
Equipo ELLAS
